DOMINGO JIMENEZ BELTRÁN
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Hay recursos suficientes para satisfacer las necesidades energéticas globales de forma sostenible, pero hace falta un cambio radical en nuestras políticas
Naciones Unidas, al informar periódicamente sobre la situación de nuestros recursos naturales (agua, suelo, energía, biodiversidad…), viene argumentando desde hace años que «la crisis no es de recursos sino de gestión de recursos». Vamos, que no es más rico o mejor, que no tiene más bienestar u opta a mayor sostenibilidad el país que cuenta con más recursos, sino el que mejor los gestiona, como muestran claramente países que ejemplifican los extremos de esa tesis, tales como Venezuela o Dinamarca.
La crisis no es de sostenibilidad, sino de gobernanza, gobernabilidad o simplemente de buen gobierno. No hay sostenibilidad sin gobernanza y esto es más que evidente en lo que se refiere a recursos energéticos, con el cambio climático como resultado de su desgobierno en un ámbito nacional y global. Hay recursos suficientes y además renovables para satisfacer las necesidades energéticas globales y de forma sostenible, es decir, ahora y en el futuro, pero lo que hace falta es un cambio radical de nuestras políticas energéticas.
Un cambio que choca frontalmente con los intereses de una gran parte de los países con recursos fósiles y empresas energéticas y eléctricas que tienen en la economía del carbón, de los combustibles fósiles (sin olvidar las nucleares) su fuente de ingresos. Intereses en general especuladores y cortoplacistas, potenciados en forma de cárteles, como la OPEP, o simplemente oligopolios, como sería en el caso español. Estos intereses se trasladan a posiciones muy resistentes como ha sido, hasta hace poco, la de Estados Unidos, simplemente atemperada gracias al mandato del presidente Obama.
El desafío
El desafío no es técnico, disponemos de tecnologías maduras y accesibles en materia de renovables; ni tampoco económico, la mayoría de las tecnologías no solo han superado lo que se conoce como «paridad de red», al igualar costes en punto de suministro, sino incluso la «paridad de generación». Así lo demuestra el que las inversiones en 2015 en renovables para generación eléctrica hayan sido muy superiores y con mucha más potencia instalada que en tecnologías fósiles y nuclear, a pesar de que estas últimas no solo no internalizan sus costes ambientales, sino que, en contra de lo que se afirma, recibieron en general casi cuatro veces más ayudas o subsidios que las renovables, según la propia Agencia Internacional de la Energía. El desafío es simplemente político, es de «buen gobierno» o gobernanza.
¿De qué va esto de la gobernanza y qué posibilidades tenemos, propiciando con ella la sostenibilidad energética, de responder al, en cualquier caso, necesario y oportuno cambio del sistema energético y, con ello, del modelo productivo y de consumo en general, con una verdadera mitigación del cambio climático como resultado?
Actuar es la clave
La clave es pasar de posturas reactivas a proactivas que, aunque no se han explicado ni sobre todo enfatizado suficientemente, es lo que ha facilitado (gracias a la capacidad y diplomacia negociadora del equipo francés con Laurent Fabius y Ségolène Royal a la cabeza) el Acuerdo de París que ahora entra en vigor. De hecho, en la preparación de la Cumbre de Marrakech, la COP22, de noviembre de 2016, se confirma que en su objetivo de establecer las reglas del juego para poner en práctica el Acuerdo de París está implícita la apuesta por las energías renovables para la transición energética y hacia un progreso más sostenible.
Es determinante que pasemos de hablar simplemente de reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero (EGEI) como propósito, a considerar dicho objetivo como resultado de una transformación prometedora y oportuna del modelo y sistema energético a todos los niveles. Una modificación que, aunque no hubiera cambio climático, en cualquier caso sería necesaria, pero que el cambio climático nos obliga a hacer más rápidamente.
El cambio climático nos ha dotado, sobre todo, de algo fundamental para la «gobernanza» de esta transformación del modelo energético. Nos ha provisto, con la medida de las EGEI y de su corolario, que es el incremento de temperatura global, de un indicador para establecer la ruta inexorable de aquí a 2050-2100, para, en cualquier caso, no superar los 2 °C y en lo posible los 1,5 °C.
Esperemos que esto se traduzca en acotar, en la hoja de ruta de las sucesivas Cumbres, empezando por la de Marrakech, los objetivos intermedios que se busca conseguir en materia de EGEI, como suma de los compromisos de los Estados firmantes del Acuerdo de París. Estos podrían ser:
- Alcanzar un tope en las EGEI antes de 2020, en línea con lo que propone en su escenario puente la propia AIE para las emisiones de CO2 y que, a tenor de la reducción global de dichas emisiones en 2014 y 2015, podría haberse alcanzado ya gracias al menor consumo de carbón en China y Estados Unidos, y que debería mantenerse.
- Una reducción de las EGEI de un 60% respecto a 1990 en 2050, como planteaba la Comisión Europea antes de París (defendida sorprendentemente por el comisario Arias Cañete), para conseguir una energía y una economía prácticamente descarbonizadas en 2100.
Este planteamiento proactivo pasa sencillamente por considerar que esta reducción de las EGEI o «descarbonizacion» de la energía y la economía, además de acabar de una vez por todas con la contaminación atmosférica de nuestras ciudades —«Las ciudades españolas se asfixian» leemos en la prensa— y su gran impacto sobre nuestra salud —algo en lo que no se insiste suficientemente—, implica:
- Una «desenergización» o reducción de la demanda energética con un consumo más eficaz y eficiente y, en cualquier caso, saludable también en términos económicos.
- Una «desmaterialización» de la economía no solo para reducir los insumos energéticos, sino también los de recursos no renovables, materias primas…, y con ello la generación de residuos (hay una simetría entre «emisiones cero» y «residuos cero») necesaria, en cualquier caso, también por razones ambientales y económicas.
- Una sustitución de fuentes de energías no renovables y tecnologías afines, insostenibles ambiental y socioeconómicamente, por fuentes de energías y tecnologías renovables que son una alternativa mejor desde todos los puntos de vista, y que forman inexorablemente parte del futuro.
El papel de las renovables
Las renovables propician un elemento estratégico clave para la sostenibilidad y el progreso de los países y regiones como es la soberanía energética, alcanzada con recursos renovables autóctonos e instrumentada, por lo que prefiero denominarla como «autosuficiencia energética conectada».
Autosufiencia que, por desgracia para las empresas energéticas y eléctricas, ya es posible sobre todo en lo referente a electricidad en sistemas crecientemente electrificados, incluso en un ámbito familiar, de viviendas, en edificios con autoconsumo o incluso en barrios, explotaciones agrícolas, polígonos industriales, municipios con generación distribuida y gestión energética integradas, que pueden implicar hasta la municipalización de la red, como ya sucede en Alemania.
Como ha señalado un premio Nobel «la Edad de Piedra no se acabó porque faltaban piedras sino porque había alternativas mejores: los metales. Lo mismo ocurre con los combustibles fósiles». La Edad de los Combustibles Fósiles se acaba no porque se acaben estos, ni incluso porque provoquen el cambio climático, que también, sino porque además hay una alternativa mucho mejor: las renovables.
La Edad de los Combustibles Fósiles se acaba no solo porque se agoten estos, ni incluso porque provoquen el cambio climático, sino porque hay una alternativa mucho mejor: las renovables
La primera revolución industrial se basó en el carbón, la segunda en el petróleo, la tercera se basa ya en el abandono de ambos como combustibles y carburantes y la apuesta por las renovables. Lo mismo que en aquellos casos, este cambio hacia la sostenibilidad energética puede ser el vector de cambio (o en todo caso un vector determinante) hacia un modelo de progreso más sostenible, más eficaz y eficiente en el uso de recursos en general.
Lo relevante es que esta transformación del modelo de producción y consumo, que como todo cambio de paradigma hubiera necesitado décadas o incluso generaciones, está ahora tasada en el tiempo, con 2050 y 2100 como horizontes inaplazables para mitigar el cambio climático y contando, además, con una alternativa clara: las renovables.
Sabemos lo que está pasando y va a seguir ocurriendo si continuamos con los combustibles y carburantes fósiles, e incluso sabemos lo que hay que hacer para salir de esta insostenibilidad creciente y entrar en la senda de la sostenibilidad, no solo energética sino de la economía en general. Si la energía cambia, todo cambia.
Organización para la gobernanza
Entonces, ¿si todo esto es tan evidente, por qué no está ya en marcha, de una forma efectiva, este cambio tan necesario como oportuno? ¿Por qué desde 1992, fecha en la que se acordó en la Cumbre de Río el convenio de cambio climático, han seguido y siguen aumentando las emisiones y con ellas los niveles en la atmósfera de los gases de efecto invernadero, y por tanto la temperatura media global y sus impactos en general en la climatología mundial? ¿Por qué hemos tenido que esperar hasta diciembre de 2015 para conseguir un acuerdo que compromete a la mayoría de países y que es todavía, como señala Naciones Unidas, claramente insuficiente para alcanzar esos escenarios obligados en 2050 y 2100?
La respuesta es también simple: porque hemos sido incapaces de organizarnos adecuadamente para gestionar este cambio; porque estos escenarios inexorables de sostenibilidad energética y socioeconómica no están acompañados por los necesarios mecanismos de gobernanza global que puedan gestionar las necesarias hojas de ruta para superar los intereses cortoplacistas de los diferentes países y sectores económicos ligados sobre todo a la economía fósil.
Y el desafío para la Cumbre de Marrakech y sucesivas Cumbres del Clima hasta 2020 —cuando se empezarán a aplicar los recortes en emisiones comprometidos por los distintos países en el Acuerdo de París— será el de establecer no solo el reglamento que regirá la homologación de los esfuerzos de reducción de los países (fechas de referencia, sectores involucrados, etcétera) sino, sobre todo, acordar cómo conseguir que estos compromisos sean mucho más ambiciosos —hasta un 25% más de reducción general en 2030, según Naciones Unidas— para respetar el objetivo global acordado de no superar los 2 °C, y deseablemente los 1,5 °C.
El desafío es de gobernanza del Acuerdo de París. La prueba es que la resistencia de países tan relevantes como Estados Unidos y China no estaba tanto, o no solo, en establecer unos compromisos de reducción, sino en aceptar mecanismos rigurosos de seguimiento y exigencia de los mismos (siempre dentro de su voluntariedad, ya que el hecho de que fueran vinculantes, como lo son para los Estados de la Unión Europea, estaba fuera de discusión) con revisiones cada cinco años.
La financiación
Junto a la dificultad de la gobernanza habría que incluir lo que más duele siempre: provisionar de forma previsible los fondos para la financiación del Acuerdo, siendo el más relevante el acordado en Copenhague en 2009, que debería alcanzar los 100.000 millones de dólares en 2020, y que es la condición para que los países más afectados y menos responsables del cambio climático —en general países en desarrollo— sean parte del Acuerdo y receptores de recursos económicos para adaptarse y contribuir a la mitigación de sus efectos. Entre los países receptores, algunos como Cabo Verde, Samoa o Papúa Nueva Guinea lideran esta posición proactiva que mencionaba antes y se han comprometido a la autosuficiencia con sistemas eléctricos 100% renovables para 2030 y, consecuentemente, «emisiones cero». Todo un ejemplo para países como España, con más razones y potencial para planteárselo.
Y este desafío no es baladí ni está exento de cambios radicales en materia de gobernanza global si queremos gestionar adecuadamente la consecución de los objetivos de reducción de emisiones y los necesarios cambios del modelo energético y de la economía en general para su sostenibilidad.
Ya en diciembre de 2004, Kofi Annan, al término de su mandato como secretario General de Naciones Unidas, hizo suyas las conclusiones de un informe liderado por Jeffrey Sachs en el que se concretaban las claves en materia de gobernabilidad global para progresar en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la sostenibilidad:
La primera de las claves era disponer de estrategias globales que ahora, en el caso que nos ocupa, están muy bien sustanciadas por los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular por lo establecido en materia de cambio climático dentro de los mecanismos de desarrollo del convenio de cambio climático de 1992 y el Protocolo de Kioto de 2006, ahora potenciado por el Acuerdo de París de 2015. En este aspecto de las estrategias no está la carencia principal.
La segunda clave era tener capacidades globales, necesariamente dentro de Naciones Unidas, y que en este caso están sustanciadas en el Secretariado de Naciones Unidas para el Cambio Climatico, los distintos grupos de trabajo y las comisiones en curso para poner en práctica el Acuerdo de París y otros afines dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. En este aspecto, en cambio, sí hay carencias. Estas capacidades tienen competencias muy limitadas, ya que ninguno de los objetivos es vinculante, no se pueden sancionar económicamente las desviaciones en compromisos adquiridos en esta materia —como sí puede hacer la Organización Mundial del Comercio—, ni tampoco, lo que es más importante y está ligado con la tercera condición, disponen de recursos y un presupuesto suficiente y previsible para incentivar económicamente los cumplimientos y financiar los compromisos existentes, sobre todo con países en desarrollo.
La tercera era la necesidad de responsabilidades globales y compartidas que deberían sustanciarse, como ocurre en el ámbito de los Estados, en la existencia de recursos previsibles para consolidar sus presupuestos anuales vía impuestos o tasas (¿podemos imaginar Estados financiados con contribuciones voluntarias de los ciudadanos como ocurre con Naciones Unidas?), en este caso globales. Además de contribuir a la cohesión y cooperación global y a la adecuada distribución de las cargas y redistribución de los recursos generados, son las garantes de un presupuesto global como instrumento para potenciar las capacidades globales, dotarlas de recursos para incentivar el cumplimiento de los objetivos y financiar los programas de adaptación y de mitigación en países menos desarrollados. Esta es quizás la carencia más grave para la gobernanza global y para poder entrar en procesos proactivos y operativos de mitigación del cambio climático, entendidos simplemente como gestión de la, en cualquier caso, necesaria transición energética mundial, con dicha mitigación como resultado y como vector de cambio hacia la sostenibilidad global.
El desafío es de gobernanza del Acuerdo de París. La resistencia de Estados Unidos y China estaba y está en no aceptar mecanismos rigurosos de seguimiento y exigencia de los compromisos
Un impuesto
Y una vez más el cambio climático, al disponer de un indicador tan evidente, medible y controlable como son las emisiones expresadas en CO2, nos ha dotado de un instrumento posible y potente, que sería un impuesto global al CO2 (preferible al llamado «precio del carbono») y para financiar el Acuerdo de París. Impuesto que, por cierto, ya se planteó en la Cumbre de Río en 1992 y fue torticeramente escamoteado en las negociaciones del Protocolo de Kioto a instancias de Estados Unidos (que luego no ratificó el Protocolo) y que propició un instrumento económico, el del comercio de emisiones, con lo que se perdió una oportunidad única.
Bastaría un impuesto de unos 3-4 dólares por tonelada de CO2 o equivalente (su repercusión sería de algo más de 1 céntimo de dólar por litro de carburante o de una tercera parte por kWh de origen fósil, por ejemplo) para conseguir los 100.000 millones de dólares anuales comprometidos, pero hasta ahora no aportados, para poner en práctica el Acuerdo de París.
Este fondo, a tenor de su repercusión fiscal, sin duda podría multiplicarse por cuatro o cinco hasta alcanzar simplemente los subsidios que hoy reciben los combustibles fósiles, según la AIE, o duplicar las inversiones en generación eléctrica con renovables en 2015, año en el que —como he apuntado antes— superaron las inversiones en generación con combustibles fósiles.
Con ello se conseguirían satisfacer la segunda y la tercera condición para la gobernanza global en materia de cambio climático (disponer de capacidades y recursos económicos globales) y energía sostenible, y lograr, con toda seguridad, hacer realidad deseable y ventajosa el objetivo de emisiones cero y sistemas energéticos eficientes (hasta un 50% menos de consumo de energía final) y 100% renovables en 2100. El proceso se jalonaría con un incremento en la reducción de las emisiones para 2030 un 25% superior a las comprometidas hasta ahora en el Acuerdo de París, y una reducción en 2050 del 60% sobre las de 1990.
Todo esto nos pondría posiblemente en la senda de no superar los 1,5 °C de incremento global de temperatura, además de conseguir sistemas energéticos y un progreso en general más sostenibles. Sin olvidar un dividendo añadido como es la reducción drástica de la contaminación atmosférica en nuestras ciudades.
¿A qué esperamos entonces para exigir una fiscalidad global para el CO2 (podríamos empezar por el queroseno de aviación, que no paga ningún impuesto) que permita asegurar la gobernanza del Acuerdo de París? Con esta fiscalidad aseguraríamos la sostenibilidad del sistema energético como objetivo y la mitigación del cambio climático como resultado, además de, finalmente, introducir el vector para el tan necesario cambio del modelo productivo y de consumo que preconizamos desde la Fundación Renovables.
Imaginémonos por un momento lo que supondría añadir a un planteamiento proactivo con el CC, como clímax para el cambio propiciado ya por el Acuerdo de París y que se reforzara en Marrakech, un impuesto para el CO2 global que suministrara recursos previsibles proporcionados con el esfuerzo a realizar y que iría desapareciendo según se «descarbonizara» la economía, hasta su extinción. Sería «ponerle el turbo», esta vez con renovables, al Acuerdo de París.
BIOGRAFÍA
DOMINGO JIMENEZ BELTRÁN
Consejero de Medio Ambiente y Obras Públicas en la Representación Permanente de España en la Unión Europea y jefe de la División de Salud, Seguridad y Calidad de la Comisión Europea. Hasta 2002 fue el primer director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en Copenhague, y ha desempeñado multitud de cargos importantes tanto en la Comisión Europea como en el Gobierno español. Ingeniero industrial de formación, después de desempeñar tareas de asesor en la Oficina Económica del Presidente y de director del Observatorio de la Sostenibilidad en España, se volcó en el fomento de las energías limpias al frente de la Fundación Renovables, una organización dedicada a acelerar el cambio de modelo energético. Actualmente preside la Fundación Desarrollo Sostenible y el Instituto Europeo de Política Ambiental de Londres. Ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Medio Ambiente 2007.
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