El Acuerdo de París: horizonte de una nueva economía

TERESA RIBERA

 

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La energía es el núcleo central de la respuesta, pero no la única.
El cambio de usos de suelo, la deforestación y las actividades agroganaderas son el otro campo de batalla en el que nos jugamos el futuro.

Las alarmas se han disparado en múltiples frentes y cunde la sensación de estar en una difícil carrera contra reloj.

«Hace mucho que lo sabemos y no lo hemos querido entender», dice Leonardo DiCaprio en su recién estrenado documental Antes de la inundación.

Hoy, más que nunca, merecen reconocimiento ambientalistas y científicos empeñados en buscar estrategias conjuntas para abordar el cambio climático. Cuarenta años ha costado darse cuenta de que solo sobre la base de una densa red de entendimiento y apoyo entre responsables energéticos y financieros, líderes de gobiernos y actores sociales y económicos de muy diversa índole, podemos llegar a responder adecuadamente al gran desafío que tenemos por delante. De lo contrario, resulta imposible dar la respuesta transversal que se requiere y, en su lugar, tendríamos solo pequeños ajustes marginales que a duras penas servirían para paliar temporalmente la necesidad de actuar.

Fuera ya de toda duda la trascendencia del cambio climático, el Acuerdo de París ofrece una propuesta innovadora sobre cómo arbitrar mecanismos de gobernanza eficaces a escala global para hacerle frente. Quizás por entender que no hay alternativa, por la solidez con la que trasladan esta convicción los jefes de Estado y de Gobierno o, simplemente, por la imparable evolución de las demandas sociales, lo cierto es que, a menos de un año de la adopción del Acuerdo de París, hay indicios interesantes de un cambio profundo en los patrones de inversión y la actividad económica.

La adopción del Acuerdo en diciembre de 2015 sorprendió al mundo, yendo más allá de lo que cualquier conocedor del proceso imaginaba de antemano. Y su entrada en vigor ha batido récords, mostrando que, cuando existe un fuerte compromiso político, es posible cambiar las cosas en poco tiempo. París representa esperanza y voluntad, pero no admite dilaciones ni despistes. Apunta mecanismos nuevos y ayuda a recuperar la confianza en nuestra capacidad colectiva de cambiar las cosas, pero advierte su insuficiencia y reclama una tensión constante que todavía está pendiente de consolidación. Queda por confirmar lo que de verdad importa: que se trata de un acuerdo capaz de generar una dinámica de desarrollo distinta, de afirmar la confianza de nuestras sociedades en su capacidad para hacer las cosas de otra manera, asegurando un futuro bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente a las consecuencias del cambio climático.

En el contexto de un planeta con más seres humanos y los mismos recursos, resolver la ecuación que permita disponer de un nivel de prosperidad razonable para todos y evite un cambio climático peligroso exige transitar hacia una economía distinta. Y este es el compromiso secundado en París. Trabajar contra el cambio climático y en favor de la erradicación de la pobreza y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible requiere evitar que el incremento de la temperatura media del planeta con respecto a la era preindustrial no supere los 2 °C (y hacer esfuerzos por que se quede en 1,5 °C); reforzar la capacidad de adaptación y resiliencia y, por último, asegurar que los flujos financieros son compatibles con los dos objetivos anteriores. O sea, no hay desarrollo perdurable ni erradicación de la pobreza en un planeta 2 °C más cálido. Y ha llegado la hora de empezar a entender qué significa y cómo se consigue evitar que esto ocurra.

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Comienza ahora una nueva etapa en la que el acento debe estar en la acción: qué y cómo se impulsa la transición a un nuevo modelo económico que, necesariamente, ha de ser «ecológico». Una cuenta atrás para lograr un triple objetivo de implicaciones profundas en el sistema económico.

Dada su responsabilidad en las causas que originan el cambio climático y su innegable relación con el desarrollo y el bienestar humanos, la energía se convierte en diana prioritaria de la acción climática. También en un espacio de cambio real y perceptible. Cambia donde crece la demanda y también allí donde se financia la inversión. Inquieta a los proveedores tradicionales y estimula la innovación. Somos testigos de una sucesión de anuncios de actores muy distintos. China cancela nuevos proyectos de carbón. Numerosos fondos de inversión a largo plazo desinvierten en combustibles fósiles, exigiendo mucha más seriedad en la evaluación de riesgos o, incluso, amenazando con vetar decisiones irresponsables frente al riesgo climático. Asistimos a un esfuerzo (desigual) entre actores industriales que anuncian compromisos sobre los que están dispuestos a reportar de forma rigurosa y transparente. Y nos sorprendemos al oír hablar de revolución a instituciones tradicionales y observadores acreditados en este ámbito como la Agencia Internacional de la Energía, adelantando escenarios y prospectiva muy distintos a los de hace apenas una década. Nos fascinan innovadores y emprendedores entusiastas con soluciones novedosas como la movilidad eléctrica —preconizando un acelerón en el fin de la hegemonía del petróleo—, los techos solares o las alternativas para la acumulación de la energía. Y esperamos con impaciencia la respuesta de reguladores financieros que advierten de su intención de impulsar la adopción de marcos más rigurosos de evaluación de riesgos, que incorporen y discriminen lo que hasta hace poco pasaba inadvertido: el inmenso coste —y su consiguiente riesgo— generado por las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se trata de un puzle complejo, de múltiples piezas, en el que muchas de ellas empiezan a perfilarse de forma distinta. Ganar la batalla al cambio climático requiere descarbonizar la energía y, para ello, es imprescindible generalizar eficiencia energética y soluciones sin carbono. Hay un abanico importante de opciones técnicas disponibles y un inmenso déficit en nuestra capacidad de acogerlas. Los marcos regulatorios y las señales sobre las que basamos la racionalidad de nuestras decisiones no acompañan. Sigue siendo más fácil y cómodo optar por soluciones convencionales y, a pesar de ello, ¡empieza a ganar terreno una nueva manera de medir las expectativas de beneficio y a tener sentido económico invertir en alternativas eficientes y renovables!

París ha significado un primer ejercicio de diagnóstico y compromiso en cada uno de los 196 países que forman parte del sistema multilateral, pero no deja de ser un instrumento para lograr el objetivo de una respuesta coordinada y eficaz que requiere ser materializada en todos los frentes. La energía es el núcleo central de la respuesta, pero no la única. El cambio de usos de suelo, la deforestación y las actividades agroganaderas son el otro campo de batalla en el que nos jugamos el futuro.

Tratándose de un primer paso, se han de aplicar de forma inmediata las medidas ya identificadas por cada cual y promover la generalización de las que se demuestren eficaces, mientras se impulsa la acción regional y sectorial en diferentes ámbitos. Una aviación comprometida con la reducción de emisiones; un transporte marítimo afrontando su responsabilidad; ciudades, proveedores de servicios y alcaldes comprometidos con modelos urbanos diferentes, y ciudadanos aplicando y exigiendo productos y políticas distintos son algunos de los ejemplos que deben inspirarnos a la hora de fijar prioridades. La próxima década es decisiva. Será la que marcará la diferencia entre la posibilidad real de frenar el cambio climático o la que nos lleve a un desastre sin precedentes.

Ahora bien, si estamos ante una carrera contra reloj e incompleta, es importante activar además aquellas herramientas que resulten más efectivas para acelerar el cambio. No podemos permitirnos el lujo de desaprovechar recursos o incrementar el problema, por lo que las señales que orientan las decisiones de inversión han de ser claras y coherentes. Hemos de aprender a evaluar riesgos y beneficios de otra manera y, para ello, necesitamos herramientas que ayuden a mostrar el coste (daño) que genera la emisión de gases de efecto invernadero a través de un precio o una tasa; mayor transparencia con respecto a las características de los riesgos en los que se incurre y los medios para paliarlos; unas agencias de rating capaces de evaluarlos; instrumentos financieros que hagan atractiva la inversión baja en emisiones, o acertar en el recurso a ladeuda o emisión de bonos asociando la aplicación de los recursos a un peculiar destino, tal y como proclaman los «bonos verdes» o los «bonos climáticos»… Quizá sea esta una de las mayores revoluciones en curso. Banca de desarrollo, con las de China y Brasil a la cabeza, inversores de largo plazo, banca comercial y la industria del seguro y el reaseguro están ya inmersos en esta tarea. Algunos países como Francia o Reino Unido han adoptado ya normas de reporte obligatorio o, incluso, limitaciones para instituciones públicas. Se extiende la convicción de lo trascendental de este paso: facilitar la coherencia en las señales que orientan cualquier decisión de inversión pública o privada es determinante para tener éxito en esta empresa. Pero reorientar el funcionamiento de los sistemas financieros operativos durante décadas no es tan sencillo. Desafíos éticos, eficacia en los instrumentos que permitan anticipar pérdidas o reducir el riesgo de aquellas operaciones que se desea incentivar y hacer visible hoy el coste o los daños que previsiblemente se generarán mañana, aceptar márgenes de incertidumbre en contextos novedosos, etcétera, son algunos de los elementos que explican el nivel creciente de sofisticación en el análisis iniciado por académicos, reguladores y actores financieros. Merece la pena destacar, no obstante, la labor que desempeña el Financial Stability Board por encargo expreso del G20, con el apoyo de un grupo de trabajo copresidido por Michael Bloomberg y AXA, dedicado a evaluar alternativas que permitan mejorar la toma en consideración de riesgos climáticos.

París representa esperanza y voluntad, apunta mecanismos nuevos y ayuda a recuperar la confianza en nuestra capacidad colectiva de cambiar las cosas, pero advierte su insuficiencia y reclama una tensión constante.

Por otro lado, anticipar decisiones racionales, plenamente compatibles con el desafío climático y evitar que la presión del corto plazo nos desvíe o dificulte la consecución de los objetivos de París nos obliga a generalizar el uso de escenarios retrospectivos y técnicas de backcasting. Marcarse un objetivo claro para 2050 y proponer escenarios en los que distintas combinaciones de medidas aseguren su cumplimiento es una buena forma de facilitar un debate sobre cómo estructurar la transición, asegurando la coherencia entre las decisiones de corto plazo y los objetivos de descarbonización necesarios. Así lo ha entendido el Acuerdo de París, invitando a compartir las sendas nacionales que muestren cómo conciliar los principales objetivos socioeconómicos en el ámbito doméstico, con los procesos de descarbonización y resiliencia. Técnicas que no deben entenderse aplicables solo a los Estados. Gobiernos subnacionales y consejos de administración pueden encontrar en ellas un instrumento útil para facilitar decisiones complejas. Un buen entendimiento de las alternativas será determinante para la cita que el Acuerdo de París propone en 2020-2023: cómo cubrir la brecha entre las medidas y los compromisos anunciados en 2015 y el objetivo de no sobrepasar un incremento de la temperatura superior a 1,5 °C/2 °C, que equivale a emisiones cero (o negativas), antes de final de siglo. De nuevo aquí la orientación política previa de los líderes del G20 en 2017, bajo presidencia alemana, se adivina capital. Lo será para facilitar una discusión política bien informada sobre cómo garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos. Pero lo será también para impulsar decisiones coherentes en materia de inversión e infraestructuras. No es posible promover estrategias de recuperación económica o inversiones en infraestructuras basadas en la lectura de un modelo inviable. Por ejemplo, ¿qué capacidad portuaria adicional se requerirá en un mundo en el que el transporte de carbón, petróleo y gas está llamado al declive?, ¿qué movilidad terrestre y qué infraestructuras de apoyo lo facilitan?, ¿qué consumos y qué servicios urbanos se demandarán en una sociedad neutra en carbono y resiliente al cambio climático?, etcétera.

La construcción de un nuevo horizonte económico tras el Acuerdo de París va más allá de las implicaciones tecnológicas y financieras, del sistema fiscal o el empleo de buenas técnicas de planificación. Requiere, además, incorporar los imperativos que acompañan los efectos del cambio climático para poder anticipar respuestas a una realidad que hoy somos ya capaces de vislumbrar: cambios en patrones hidrometeorológicos con incidencia en infraestructuras y en demanda de servicios; impactos en condiciones físicas del territorio y en cosechas y, como consecuencia, en el bienestar de una buena parte de la población mundial, en movimientos migratorios o tensiones intra o entre fronteras, y en mercados de materias primas. Sería ilusorio pensar que una estrategia defensiva, eludiendo estos cambios, pudiera tener éxito. Por ello, la lectura sistémica del Acuerdo de París nos obliga a reforzar el conocimiento sobre las vulnerabilidades que deberían ser paliadas.

Al respecto, cabe destacar dos conclusiones significativas. La primera es que, en un mundo estrechamente interdependiente, la prosperidad económica y social y las perspectivas de desarrollo y actividad económica, más allá de los países de la OCDE, son críticas para el conjunto de la humanidad. Por tanto, conviene tomarse en serio el asunto de la vulnerabilidad climática si queremos entender mejor las perspectivas reales de éxito y retorno de cualquier inversión (pública o privada). Por último, es imprescindible reforzar los elementos de solidaridad, tanto entre países como, en el ámbito interno, para con los colectivos más vulnerables a los efectos del cambio climático y/o al cambio de modelo productivo. Lo es no solo por razones éticas o morales —que también—, sino por el efecto económico negativo que tendría la falta de estrategias adecuadas para con quienes, a priori, se adivinan perdedores y no vislumbran más alternativa que resistirse al cambio o luchar por la supervivencia. Corresponde un mayor protagonismo en este caso a las instituciones públicas, pero ni es exclusivo ni razonable que la sociedad civil se desentienda.

París puede ser insuficiente, pero es, desde luego, una herramienta útil para acompañar la construcción de un nuevo horizonte económico, imperativo en el siglo XXI, al que no debemos renunciar.

BIOGRAFÍA

TERESA RIBERA

Directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París, institución en la que previamente fue asesora internacional de política sobre el clima. Entre 2008 y 2011 fue secretaria de Estado para el Cambio Climático en el Gobierno español, responsable de las políticas de medio ambiente y clima, así como de la Agencia Estatal de Meteorología. Ha trabajado en la industria de las energías renovables y desempeñado distintos cargos técnicos en los ministerios de Fomento, Transportes y Medio Ambiente (1996-2004). Además, ha sido profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Colabora frecuentemente en varios laboratorios de ideas y organizaciones sin ánimo de lucro, así como en distintos organismos internacionales. Pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado y es miembro de diversos foros internacionales, entre ellos la Iniciativa Medioambiental del Foro Económico Mundial.

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